Negocios sucios en el Inapam

Al comenzar el presente sexenio, en uso de sus facultades constitucionales como jefe del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Felipe Calderón nombró como director general del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) al señor Alejandro Orozco, jefe de una secta religiosa de corte evangelista llamada Casa de la Roca, una de tantas agrupaciones dedicadas a enriquecer a sus dueños con las aportaciones dinerarias de su feligresía, la que así cree comprar su entrada al reino de los cielos.

Ese nombramiento, como es público y notorio, se realizó como pago por los apoyos electorales que Alejandro Orozco y su esposa y compañera de negocios, Rosa María de la Garza, dieron al entonces candidato del derechista Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios presidenciales de 2006, que como bien se sabe estuvieron marcados por la muy amplia percepción social, nacional e internacional, de un gran fraude electoral.

 Pero a su arribo al Inapam, y acostumbrado a los negocios sucios y al dinero fácil, Alejandro Orozco empezó a poner en práctica uno de los viejos métodos para el enriquecimiento ilegal en el servicio público. Este método consiste en contratar los servicios de un proveedor, empezar a pagarle y, de pronto y sin explicación alguna, suspender los pagos.

En muchos casos, de modo discreto, un personero de la institución gubernamental se acerca al proveedor y le explica que el destrabamiento de los pagos, su agilización y por supuesto su finiquito, dependen de la entrega por cuenta del proveedor de una buena cantidad de dinero a título de comisión por trámites administrativos. Un clásico, muy conocido y muy añejo acto de corrupción gubernamental. Pero a veces no se da este último paso y se deja “al criterio” del proveedor entender cómo son las cosas si es que quiere cobrar su dinero.

Ahora la nueva víctima de las corruptelas del Inapam bajo el mando de Alejandro Orozco es una empresa llamada Reparación y Servicios de Cómputo, SA de CV, a la que se le suspendieron los pagos por los servicios prestados, mismos que ascienden a más de cinco millones de pesos.

Los propietarios de la empresa dañada ya han acudido en busca de justicia a las instancias gubernamentales competentes, Sedesol, la Secretaría de la Función Pública e incluso los tribunales de lo civil. Pero se ve que tanto el titular de Sedesol, Heriberto Félix Guerra, como el de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, no quieren intervenir en contra de un allegado tan cercano a Felipe Calderón como lo es el pastor Alejandro Orozco.

Consecuentemente, la única esperanza de justicia para los dueños de la empresa defraudada está en los tribunales de lo civil, por ahora en el juzgado sexagésimo cuarto de la materia. Pero esos trámites son lentos, y mientras se hace justicia la empresa sigue perdiendo, pues ni se le paga ni se le devuelven sus equipos para rentarlos a otras empresas o instituciones. Ah, los costos ilegítimos de proveer bienes y servicios a un allegado del inquilino de Los Pinos.

www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

www.economiaypoliticahoy.wordpress.com   Miérc. 11 de mayo de 2011

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